Cientos de personas acudían a las diez de la mañana del martes para mostrar su apoyo al alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, que iba a ser juzgado poco después por las opiniones vertidas sobre el Borbón durante un acto republicano celebrado el año pasado. Decenas de banderas republicanas y una gran pancarta del Comité Provincial del PCA de Sevilla, que había desplazado a más de 30 personas hasta la Audiencia Nacional para mostrar su apoyo al alcalde republicano. También desde otras partes de Andalucía, Asturias, Valencia o Cataluña, entre otros lugares, acudieron militantes y dirigentes comunistas a arroparle.
Entre los asistentes, los principales dirigentes del PCE, como Felipe Alcaraz o Paco Frutos, junto al Coordinador General de Izquierda Unida, Cayo Lara. También acudió a la cita Antonio Romero, Coordinador de la Red de Municipios por la Tercera República, junto a los alcaldes de los municipios republicanos de Humilladero y Casariche. Los dirigentes comunistas Marga Sanz, Felicitas Velázquez, José Luis Centella, Rocio Val, Albert Escofet Fernando Sánchez, Juan de Dios Villanueva o Carlos Vázquez, entre otros, también estaban allí para arropar a Barroso, quien llegaba poco antes de las 11 llegaba a las puertas de la Audiencia, donde era recibido con canticos y gritos de apoyo, por la República y contra la Monarquía.
Poco después de las once en punto daba comienzo el juicio, y tomaba la palabra el abogado de la defensa, Enrique Santiago, que alegaba el artículo 14 de la Constitución y el derecho a la libertad de expresión, y recordaba que otras personas han hecho declaraciones en el sentido de las realizadas por Barroso y no se habían emprendido acciones judiciales con ellos.
Después tomaba la palabra el juez, quien rechazaba los argumentos del abogado, las pruebas, así como testigos de la defensa, y el fiscal comenzaba las preguntas para el acusado, Juan Antonio Barroso, quien reiteró de nuevo las afirmaciones hechas el año pasado sobre el Borbón, y afirmaba conocer el significado de todas las expresiones que había utilizado. Barroso aseguró que no tenía constancia de presencia de la prensa en el acto donde formuló sus opiniones sobre el ciudadano Juan Carlos, y denunció que gran parte de los medios de comunicación son de naturaleza cortesana y su objetivo es ensalzar al ciudadano Juan Carlos Borbón. "No sabía que mis declaraciones tendrían tanta repercusión, porque normalmente los actos republicanos no son cubiertos por los medios".
Tras las preguntas de la fiscalía y la defensa, se reprodujo el audio de un fragmento de la intervención de José Antonio Barroso durante el polémico acto organizado por el Ateneo Republicano de Campo de Gibraltar, lo que despertó algunas sonrisas y muestras de apoyo entre los asistentes.
Después, el fiscal comenzó a enumerar sus conclusiones, en las que señalaba que Barroso sabía perfectamente que sus declaraciones no pasarían desapercibidas, y aseguró que lo que se estaba juzgando no era la legitimidad de la República o la Monarquía. "Estamos aquí porque Barroso hizo unas manifestaciones que pueden considerarse como injuriosas". "Barroso no es un ciudadano más, sino un cargo público", aseguraba el fiscal, para quien la libertad de expresión no es un derecho absoluto. "¿Es necesario para defender la legitimidad de la República insultar al ciudadano Juan Carlos de Borbón?", preguntaba el Fiscal, quien llegó a afirmar que "hay muchas razones para defender la legitimidad de la República", pero reiteró su solicitud de una sentencia condenatoria, "porque estamos ante una persona que por su condición política sabe hasta dónde puede llegar".
La defensa, Enrique Santiago y Amanda Meyer, defendió el derecho a la libertad de expresión sobre lo que pudiera parecer el derecho al honor, y aseguró que no hay ningún delito en las expresiones de José Antonio Barroso, quien se refirió en todo momento a los antepasados del Borbón, y señaló que llamar "corrupto" no es constitutivo de delito. La defensa recordó además que el titular que dedicó la prensa al acto en el que Barroso hizo sus declaraciones, en ningún momento se refería a las cuestiones por las que fue imputado posteriormente, sino que destacaba la "emotividad de un acto republicano".
La defensa aseguró tambien que la crítica a la Monarquía como institución no puede ser motivo de delito, y señaló que toda referencia al Borbón se hizo en cuanto a una dinastía que ostenta la jefatura del Estado por voluntad propia y no está sometida a las urnas. Para la defensa, el acusado está legitimado para denunciar el caracter corrupta de una institución, que pasará a manos de otra persona de la misma famila a la muerte del actual Borbón.
Antes antes de que el juez emitiese su sentencia, dió la palabra a Barroso quien proclamó: "No soy ni un lerdo, ni un lacayo, ni un cortesano", y aseguró que "más pronto que tarde el pueblo español conocerá toda la verdad sobre la Monarquía realidad y la juzgará".
Finalmente el juez aseguró que Barroso se había excedido en sus declaraciones y en su función política, "atentando contra la Constitución y contra la Corona", ante lo cual, condenó a Barroso a 18 euros de multa diaria durante 12 meses, es decir, a 6840 euros, además de tener que sufragar las costas del juicio. "Es una multa personal que deberá pagar de su patrimonio", finalizó el juez.
Tras esto, Barroso y quienes le habían acompañado a la vista salieron a las puertas de la Audiencia, donde los cientos de personas continuaron los gritos a favor del alcalde republicano y a favor de la República, y donde los medios de comunicación aguardaban las palabras de éste, quien volvió a reiterar sus afirmaciones sobre el rey, incluso elevando el nivel de éstas. "Este ha sido el primer acto del fin de la Monarquía", aseguró.
Entre los asistentes, los principales dirigentes del PCE, como Felipe Alcaraz o Paco Frutos, junto al Coordinador General de Izquierda Unida, Cayo Lara. También acudió a la cita Antonio Romero, Coordinador de la Red de Municipios por la Tercera República, junto a los alcaldes de los municipios republicanos de Humilladero y Casariche. Los dirigentes comunistas Marga Sanz, Felicitas Velázquez, José Luis Centella, Rocio Val, Albert Escofet Fernando Sánchez, Juan de Dios Villanueva o Carlos Vázquez, entre otros, también estaban allí para arropar a Barroso, quien llegaba poco antes de las 11 llegaba a las puertas de la Audiencia, donde era recibido con canticos y gritos de apoyo, por la República y contra la Monarquía.
Poco después de las once en punto daba comienzo el juicio, y tomaba la palabra el abogado de la defensa, Enrique Santiago, que alegaba el artículo 14 de la Constitución y el derecho a la libertad de expresión, y recordaba que otras personas han hecho declaraciones en el sentido de las realizadas por Barroso y no se habían emprendido acciones judiciales con ellos.
Después tomaba la palabra el juez, quien rechazaba los argumentos del abogado, las pruebas, así como testigos de la defensa, y el fiscal comenzaba las preguntas para el acusado, Juan Antonio Barroso, quien reiteró de nuevo las afirmaciones hechas el año pasado sobre el Borbón, y afirmaba conocer el significado de todas las expresiones que había utilizado. Barroso aseguró que no tenía constancia de presencia de la prensa en el acto donde formuló sus opiniones sobre el ciudadano Juan Carlos, y denunció que gran parte de los medios de comunicación son de naturaleza cortesana y su objetivo es ensalzar al ciudadano Juan Carlos Borbón. "No sabía que mis declaraciones tendrían tanta repercusión, porque normalmente los actos republicanos no son cubiertos por los medios".
Tras las preguntas de la fiscalía y la defensa, se reprodujo el audio de un fragmento de la intervención de José Antonio Barroso durante el polémico acto organizado por el Ateneo Republicano de Campo de Gibraltar, lo que despertó algunas sonrisas y muestras de apoyo entre los asistentes.
Después, el fiscal comenzó a enumerar sus conclusiones, en las que señalaba que Barroso sabía perfectamente que sus declaraciones no pasarían desapercibidas, y aseguró que lo que se estaba juzgando no era la legitimidad de la República o la Monarquía. "Estamos aquí porque Barroso hizo unas manifestaciones que pueden considerarse como injuriosas". "Barroso no es un ciudadano más, sino un cargo público", aseguraba el fiscal, para quien la libertad de expresión no es un derecho absoluto. "¿Es necesario para defender la legitimidad de la República insultar al ciudadano Juan Carlos de Borbón?", preguntaba el Fiscal, quien llegó a afirmar que "hay muchas razones para defender la legitimidad de la República", pero reiteró su solicitud de una sentencia condenatoria, "porque estamos ante una persona que por su condición política sabe hasta dónde puede llegar".
La defensa, Enrique Santiago y Amanda Meyer, defendió el derecho a la libertad de expresión sobre lo que pudiera parecer el derecho al honor, y aseguró que no hay ningún delito en las expresiones de José Antonio Barroso, quien se refirió en todo momento a los antepasados del Borbón, y señaló que llamar "corrupto" no es constitutivo de delito. La defensa recordó además que el titular que dedicó la prensa al acto en el que Barroso hizo sus declaraciones, en ningún momento se refería a las cuestiones por las que fue imputado posteriormente, sino que destacaba la "emotividad de un acto republicano".
La defensa aseguró tambien que la crítica a la Monarquía como institución no puede ser motivo de delito, y señaló que toda referencia al Borbón se hizo en cuanto a una dinastía que ostenta la jefatura del Estado por voluntad propia y no está sometida a las urnas. Para la defensa, el acusado está legitimado para denunciar el caracter corrupta de una institución, que pasará a manos de otra persona de la misma famila a la muerte del actual Borbón.
Antes antes de que el juez emitiese su sentencia, dió la palabra a Barroso quien proclamó: "No soy ni un lerdo, ni un lacayo, ni un cortesano", y aseguró que "más pronto que tarde el pueblo español conocerá toda la verdad sobre la Monarquía realidad y la juzgará".
Finalmente el juez aseguró que Barroso se había excedido en sus declaraciones y en su función política, "atentando contra la Constitución y contra la Corona", ante lo cual, condenó a Barroso a 18 euros de multa diaria durante 12 meses, es decir, a 6840 euros, además de tener que sufragar las costas del juicio. "Es una multa personal que deberá pagar de su patrimonio", finalizó el juez.
Tras esto, Barroso y quienes le habían acompañado a la vista salieron a las puertas de la Audiencia, donde los cientos de personas continuaron los gritos a favor del alcalde republicano y a favor de la República, y donde los medios de comunicación aguardaban las palabras de éste, quien volvió a reiterar sus afirmaciones sobre el rey, incluso elevando el nivel de éstas. "Este ha sido el primer acto del fin de la Monarquía", aseguró.
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